Condiciones de los pueblos originarios en Colombia es crítica y preocupante

Las leyes, programas y políticas del gobierno de Uribe Vélez no permiten una efectiva protección y satisfacción de los derechos humanos de los indígenas, alertó el relator especial de Naciones Unidas James Anaya

La situación de los indígenas en Colombia es grave, crítica y preocupante

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) James Anaya, patentizó su preocupación por las múltiples indicaciones de que la realidad de esos pueblos no ha sido afrontada con la urgencia que la gravedad amerita, en un país donde más de 30 etnias indígenas se enfrentan cara a cara con la extinción.

En su informe, el funcionario de Naciones Unidas subraya que la situación de los indígenas en Colombia es grave, crítica y preocupante, como lo había indicado -en otro estudio hecho en 2004- el anterior relator Rodolfo Stavenghagen.

Para Anaya es evidente que la situación de los indígenas resulta exacerbada e intensificada por causa del conflicto armado interno, al tiempo que dicho escenario afecta de manera desproporcionada a los pueblos originarios.

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En ese sentido, el relator reveló que recibió información sobre una situación sumamente preocupante de violencia y otros crímenes contra esas comunidades en el país, así como de desplazamiento forzado y confinamientos que amenazan su supervivencia física y cultural.

Sin tierras ni recursos naturales

Asimismo, Anaya sostuvo que el gobierno aún debe enfrentar grandes desafíos para cumplir con sus obligaciones de protección y promoción efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, incluyendo materias de derechos a tierras y recursos naturales, y la consulta previa con esos pueblos en decisiones que les afectan.

A la vez, existen brechas significativas en el efectivo disfrute en general de los derechos económicos, sociales y culturales de dichas comunidades con respecto al promedio general de la población.

Entretanto, el relator recomienda al gobierno avanzar en la adopción de políticas públicas y leyes centrales, y adecuarlas para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluida una ley sobre los procedimientos de consulta, con la participación plena y efectiva de las autoridades y representantes de esos pueblos.

Por otra parte, instó al Estado a asegurar el apoyo necesario para el funcionamiento efectivo de los órganos de control y de justicia, incluidas la aplicación práctica y la financiación del Sistema de Alerta Temprana y la adecuada financiación de la Corte Constitucional, con el fin de poder dar seguimiento a sus sentencias.

Salida negociada al conflicto armado

También solicitó al gobierno colombiano buscar una salida negociada al conflicto armado en la que se incluya a la sociedad civil, y en especial a las autoridades indígenas, para la construcción de una paz verdadera y duradera.

Al respecto, Anaya recomienda apoyar las iniciativas de diálogo y de construcción de la paz propuestas por esas autoridades y sus organizaciones.

Sin embargo, no es sólo un problema de violencia por el conflicto interno el que motiva el éxodo y la violación de los derechos de los indígenas, sino también un modelo de desarrollo que prioriza los cultivos para agro-combustibles y el sector extractivo, con un fuerte impacto en la región de la amazonía colombiana.

Acorde con recientes denuncias de organizaciones no gubernamentales, ese fenómeno se registra cada vez más en dicha área geográfica, ante la voracidad insaciable de esas megas-empresas por obtener los recursos que atesora la Amazonia.

Ello también refleja que el desplazamiento de las comunidades indígenas y sus derechos está asociado a la expropiación de sus territorios, método recurrente en varias regiones del país.

De ahí que ese fenómeno este vinculado a determinados intereses de grupos económicos nacionales e internacionales, los cuales promueven macroproyectos, explotación de recursos naturales e imposición de monocultivos para la producción de agro-combustibles.
De esa manera, al prevalecer las condiciones de violencia en gran parte del territorio nacional, esto se convierte en una oportunidad para imponer modelos económicos en zonas donde la presencia de indígenas, afrodescendientes y campesinos resulta sumamente incómoda.

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