Indígenas peruanos piden ampliar investigaciones sobre masacre en Bagua

Los grupos indígenas indican que el responsable de la matanza es el Gobierno, por lo que piden que las investigaciones sean ampliadas hasta llegar a la verdad de los hechos del pasado 5 de julio cuando la policía peruana reprimió a los protestantes que tranacaron una carretera.

Líderes amazónicos de Perú se negaron a firmar el informe sobre la masacre de Bagua

Las organizaciones amazónicas que participaron en la investigación de la masacre en Bagua, norte de Perú, que dejó 34 muertos en junio pasado, rechazaron este martes firmar un informe elaborado por una comisión promovida por el Gobierno peruano y solicitaron la ampliación del plazo para continuar con las pesquisas.

El secretario general de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Saúl Puerta, dijo a la prensa local que han pedido la ampliación del diálogo con todas las partes comprometidas en el tema para tener "un informe verdadero", sin embargo no han "sido escuchados por el Poder Ejecutivo".

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El Gobierno peruano convocó este martes al Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos para debatir sus informes de trabajo con el fin de elaborar un supuesto plan integral de desarrollo.

El Grupo se encuentra integrado por ocho ministros, once presidentes regionales, una comisión investigadora y los representantes amazónicos.

Puerta reiteró, sin embargo, que su organización, así como la Confederación de Nacionalidades Amazónicas de Perú (Conap), se negó a firmar el informe de la comisión investigadora, en la que también tuvieron representantes, porque discrepan del contenido del mismo, donde pese a que no se señala responsabilidad alguna en las autoridades del Gobierno, sí se afirmó que los indígenas incitaron a la violencia.

El dirigente de Aidesep señala que el responsable de los hechos en Bagua es el Gobierno y, por tal motivo, también planteó la derogatoria de todos los decretos leyes que generaron la protesta de los pueblos indígenas.

Exigieron de igual forma una indemnización por parte del Gobierno a los diez civiles muertos en la denominada Curva del diablo, el 5 de junio del 2009, cuando la policía desalojó a la fuerza una carretera de Bagua tomada por los indígenas y se desató un violento enfrentamiento que dejó 34 muertos.

El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, como presidente del Grupo Nacional de Coordinación, respondió a la prensa que habían cumplido con escuchar a todas las partes y se había recibido el informe de investigación, así como de otras tres mesas de trabajo sobre temas de interés para las comunidades nativas.

De Córdova desmintió a Puertas y dijo que el Gobierno sí le había otorgado el plazo que pidieron para seguir las investigaciones "todo el tiempo que consideren necesario".

teleSUR - Efe / ve - MM