Gobierno brasileño ordena integrar a indígenas en debates sobre represa amazónica

Como parte de las políticas de inclusión del gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, los indígenas de la Amazonia tendrán la posibilidad de participar en los debates de la construcción de una represa que funcionará en los territorios que habitan. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente, encargado del proyecto, detalló que serán pocas las audiencias, por "la cantidad de comunidades que van a ser afectadas''.

Una vez concluida la represa, afectará a once tierras indígenas.

El Ministerio Público ordenó este martes al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) que integre a las comunidades indígenas en los debates sobre la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia de la nación, pues su elaboración incidirá de manera directa en la vida de los nativos.

Según lo estipuló el Gobierno, el Ibama tiene la obligación de visitar las aldeas ubicadas al sur del estado de Pará, vecinas a la gran central, por ser las más afectadas con el proyecto.

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Estudios iniciales de Belo Monte indican que inundará un área selvática de 440 kilómetros cuadrados aproximadamente, por lo que afectará directa e indirectamente a 66 municipios y once tierras indígenas.

El Ministerio Público ha manifestado su preocupación por la premura de las audiencias, pautadas para el próximo lunes, pues puede ocasionar una escasa comparecencia de los originarios interesados.

La cercanía de los debates "deja la sensación" de que el Ibama "está más preocupado en apresurar el proyecto que en debatirlo", señaló el Ministerio Público.

Ante esa posibilidad, el procurador de la República, Rodrigo Costa e Silva, sugirió que se celebren trece audiencias más.

Costa explicó que la mayoría de pueblos ribereños e indígenas no tienen acceso a carreteras o medios de locomoción terrestres.

La exigencia del Ministerio Público al Ibama para que integre a los nativos, fue realizada de manera formal como una recomendación. De no ser cumplida en un plazo de cinco días, se puede iniciar un proceso judicial contra el órgano público encargado de la licencia de la represa.

El proyecto de la central hidroeléctrica se inició en la década de los 70, pero se aplazó por la lucha de los grupos ecologistas, que obligaron a introducir numerosas y sustanciales modificaciones para reducir el impacto sobre la selva.

Cuando se concluya la obra, generará el 11 por ciento de la energía eléctrica que el país demanda en la actualidad.

Ibama informó que la central hidroeléctrica tendrá una capacidad de generación de 11 mil 233 megavatios.

teleSUR - Efe / ld - MM