Gobierno de Brasil trabaja para definir preguntas del plebiscito

El gobierno de Brasil trabaja con velocidad para definir las preguntas del plebiscito sobre la reforma política y presentarlas el martes próximo ante el Congreso.

Según Prensa Latina, la mandataria del país, Dilma Rousseff, conversó con la máxima representante del Supremo Tribunal Electoral, Carmen Lucia, para conocer el plazo que necesita el tribunal para preparar una consulta popular.

Voceros del Palacio de Planalto (sede de la Presidencia) señalaron que Lucia prometió responder antes del próximo fin de semana. Con esa información se prevé viabilizar la consulta.

Este martes, el presidente del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, Joaquim Barbosa, también expresó su apoyo a la propuesta del Gobierno de Dilma Rouseff para llevar a cabo una reforma política.

La mandataria desea que esa consulta se realice a más tardar en octubre próximo para lograr que los eventuales cambios en el sistema político aprobados por la ciudadanía entren en vigencia 12 meses después y sean considerados en las elecciones generales de 2014.

Por ello, el interés de buscar consensos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales en torno a la propuesta de reforma política, la cual deberá contar con el beneplácito del Congreso.

Rousseff tiene previsto reunirse este jueves con líderes de partidos políticos y de bloques parlamentarios y el viernes recibirá a la oposición.

El plebiscito contará con cinco preguntas sobre temas relacionados con el financiamiento de la campaña electoral, el sistema de votación y la representación política. El grupo que elabora estos temas está dirigido por el vicepresidente de la nación, Michel Temer.

Se prevé que el proyecto de plebiscito sea aprobado a través de un decreto legislativo, que exige mayoría simples de votos.

El Senado aprobó este miércoles, entre otros asuntos exigidos en las protestas y que esperaban votación desde hace años, el proyecto de ley que define la corrupción como un “crimen hediondo”, lo que impide que los acusados sean liberados mediante el pago de fianzas, y que aumenta la pena mínima que puede ser impuesta a responsables por delitos como el desvío de recursos públicos, reseñó EFE.

Mientras, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe el “voto secreto” en sufragios para despojar del mandato a algún legislador acusado de irregularidades, así como una iniciativa que reduce los impuestos sobre concesionarias de transporte público, lo que puede reducir los precios de los pasajes.

La Cámara Baja ya había aprobado la víspera el proyecto de ley que destina 75 por ciento de las regalías petroleras a la educación y 25 por ciento a la salud, y archivado, por 430 votos contra nueve, una enmienda constitucional que pretendía reducir los poderes de investigación del Ministerio Público y que, para los manifestantes, favorecía la impunidad de los políticos corruptos.

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