Ecuador rechaza declaraciones de EE.UU. sobre Ley de Comunicación

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador rechazó las declaraciones injerencistas emitidas por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) y el embajador de ese país en Quito, Adam Namm, sobre la aprobación de la Ley de Comunicación en ese país suramericano.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que las “infundadas preocupaciones del Departamento de Estado norteamericano no se ajustan a la realidad que impera en el país en el ámbito de la libertad de expresión, que es parte esencial de la democracia, como está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

La víspera, un portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó “la preocupación de su Gobierno porque la ley podría restringir la libertad de la prensa y limitar la habilidad de los medios independientes de ejercer sus funciones como parte crítica de la democracia ecuatoriana”.

El organismo diplomático también repudió las aseveraciones del embajador estadounidense en Quito, Adam Namm, durante la conferencia dictada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), donde dijo que con la nueva norma la situación de la prensa podría tornarse “delicada”.

La cartera ministerial destacó que “para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la atención de todos y cada uno de los derechos humanos es una cuestión de principios. Así lo demuestran los principales indicadores, que dan fe del éxito ecuatoriano, mediante la transformación del viejo modelo económico que daba prioridad al capital y al mercado, en detrimento de los seres humanos”.

Del mismo modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores invitó al Gobierno de EE.UU. a estudiar el texto completo de la jurisprudencia, “antes de emitir juicios de valor sobre el mismo, que además vulneran un principio de Derecho Internacional que tradicionalmente ha guiado el convivir pacífico de los países, como es el de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”.

Este martes, la Asamblea Nacional de Ecuador remitió al Ejecutivo la Ley de Comunicación -aprobada recientemente en el Parlamento- para que la administración del presidente Rafael Correa proceda a promulgarla y, 90 días después, la norma entre en vigencia.

El proyecto fue aprobado el pasado viernes, y en la mayoría de los títulos obtuvo 108 votos, a excepción de los títulos V y VI que tuvieron 110 votos. El gran respaldo parlamentario fue calificado como histórico, tomando en cuenta que la norma fue objeto de debate durante los últimos cuatro años.

La legislación tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. Asimismo, busca también consagrar una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión.

Adicionalmente, el estatuto garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión, la libertad de información, la democratización de la comunicación, el libre acceso a la información pública y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

También defiende la prohibición de censura previa, la responsabilidad ulterior, el derecho a la rectificación y a la réplica, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y la creación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.

No obstante, la Ley “no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de Internet”. Dicha disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través de esta vía.

La aprobación de la norma da cumplimiento a un mandato constitucional y popular que se viene realizando en Ecuador desde la llegada del presidente Correa al poder, en el año 2007, y que se acrecentó tras los resultados de los comicios presidenciales del pasado 17 de octubre.

En la Constitución vigente, aprobada en 2008, se ordenó al Legislativo la redacción de esta normativa, pero los bloqueos y obstáculo interpuestos por la oposición y grandes grupos mediáticos locales habían imposibilitado el cumplimiento de este mandato.

El reglamento ha sido rechazado por la mayoría de medios privados del país y de los gremios de prensa, a los que el Gobierno acusa de estar politizados y de haber sustituido a la oposición.

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