Tribunal falla tutela a favor de alcalde de Bogotá y frena destitución

La Sala Administrativa del Tribunal de Cundinamarca suspendió este martes el fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación con el cual se destituía e inhabilitaba por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, para ejercer los cargos públicos por las fallas en el ejercicio e implementación en el nuevo esquema de aseo.

El tribunal aceptó las medidas presentadas en la acción de tutela radicada a finales de diciembre pasado, con la que se buscaba medidas cautelares en contra del fallo del Ministerio Público el cual fue confirmado -en segunda instancia- este lunes.

Según una radio local, la acción de tutela que favoreció a Petro fue interpuesta por el abogado Julio César Ortiz y alegaba que se le violaba su derecho a elegir y ser elegido. Es, además, una de las 350 que se presentaron luego de que el pasado 9 de diciembre el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado anunciara la sanción.

De esta forma, el Tribunal le pide al presidente Juan Manuel Santos no ejecutar la destitución del Alcalde mientras ese alto Tribunal se pronuncia de fondo frente al caso. En principio habla de un plazo de 10 días.

En las próximas horas los abogados del alcalde se reunirán para analizar el alcance de esta y se espera que a finalizar la tarde se presente una posición oficial.

Por su parte, Gustavo Petro afirmó a través de su cuenta en la red social Twitter @petrogustavo que “la suspensión provisional de la destitución es un triunfo democrático de la Justicia y la ciudadanía. Aun vamos hacia fallos definitivos.”

Según informó Caracol Radio en su sitio web, el abogado del alcalde aseguró que el pronunciamiento de la CIDH se dará entre este mismo martes y el miércoles.

Este escenario reactivaría la votación de la revocatoria, programada para el próximo 2 de marzo, y que había sido cancelada tras conocerse la ratificación del fallo de la Procuraduría.

Vendría luego la impugnación del Ministerio Público al fallo de tutela, lo que sería resuelto por el Consejo de Estado en un plazo de 20 días.

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