Peruanos conmemoran cuarto aniversario del Baguazo

Grupos indígenas peruanos conmemoran este miércoles el cuatro aniversario del Baguazo en la que murieron 33 personas por enfrentamientos entre la policía e indígenas por el desalojo en el 2009 de cientos de nativos bloquearon la carretera Fernando Belaunde durante 45 días. Reclamaban la derogación de dos decretos legislativos que limitaban la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas.

El día del desalojo, el 5 de junio, la represión se inició en la carretera, en el sector conocido como La Curva del Diablo, pero se trasladó a las ciudades de Bagua y Utcubamba, dejando cientos de nativos, mestizos y policías heridos. Murieron 12 agentes y 10 civiles.

La corresponsal de teleSUR en Perú, Verónica Insausti, informó que diferentes agrupaciones de las comunidades étnicas marcharán este miércoles para exigir al gobierno se cumplan los acuerdos de la mesa de diálogo que culminó la crisis en junio de 2009.

“Las comunidades étnicas marcharán para exigir se cumplan los acuerdos pactados en la mesa de diálogo que culminó la crisis del Baguazo en el que fallecieron 33 personas”, dijo Insausti.

Uno de los representantes de los grupos indígenas, Mauro Cairuna Urquía, explicó que aún no se cumplen los acuerdos que se firmaron con el gobierno en el año 2009.

“No se ha cesado la persecución política a los líderes indigenas, muchos de nuestros hermanos siguen preso injustamente, por lo que pedimos se haga justicia”, denunció Cairuna Urquía.

Hasta el día de hoy 53 indígenas están acusados, y se solicita para ellos penas que llegan a los 35 años de prisión. Para nueve de ellos se pide cadena perpetua.

Agregó que “pese a que el gobierno ha dicho que se han implementado políticas de desarrollo nacional, se siguen perjudicando a los pueblos indígenas como el proyecto de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa)”.

Este proyecto, supestamente, busca impulsar la integración y modernización de la infraestructura de alto contenido político, orientado a crear sólidas bases sobre las cuales sustentar un proceso de integración regional para alcanzar una inserción competitiva, pero que de acuerdo con Cairuna Urquía, “nuestros pueblos se han visto perjudicados y desplazados”.

El líder awajun, Santiago Manuin, acusado en este caso, se enfrenta a una condena de cadena perpetua. “Es una pena ver que el Apra sigue moviendo sus hilos y este gobierno los apañe para que no asuman su responsabilidad. Todo empezó cuando se publicaron los decretos inconstitucionales. ¿Por qué no hay ningún político responsable?”, dice.

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